Después de la judicialización de la política portuaria hecha por el Frente Amplio a propósito del acuerdo entre el Estado Uruguayo y la concesionaria portuaria “Kateon Natie”, que obtuvo 50 años más de concesión, la justicia penal se encamina a archivar la causa por falta de pruebas. La bancada de senadores del Frente Amplio con su grandilocuente acción judicial penal, sólo mantuvo un par de meses su pretensión de imputación delictiva y otra vez el senador Charles Carrera, vuelve a quedar en la mira de los cuestionamientos por haber sido el abogado patrocinante de una acción judicial que desvirtuó los hechos y pretendió arrinconar al Gobienro con un “palo en la rueda”.
A principios de octubre el Frente Amplio dio vuelta el tablero y decidió definitivamente JUDICIALIZAR LA POLÍTICA, reformulando sus críticas hacia concesión del puerto de Montevideo interpelando ante los juzgados y fiscalías penales, el acuerdo firmado en febrero entre el gobierno y la compañía Katoen Natie.
La firma de origen belga, propietaria del 80 % de la empresa TCP, concesionaria de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, ya en 2019 había anunciado un litigio contra el Estado uruguayo por 1500 millones de dólares por diferencias contractuales. Fue por esto que el Poder Ejecutivo negoció con durante el año 2020 lo que terminó en un nuevo convenio que, entre otras cosas, incluyó la prolongación de la concesión que debía vencer en 2030 y que ahora se extiende por 50 años más.
Esto mereció que el Frente Amplio interpelara en el Senado a Luis Alberto Heber, por ese entonces ministro de Transporte y Obras Públicas que fue el responsable del nuevo acuerdo con Katoen Natie. Al final de aquella interpelación en el Senado, el ministro Heber mientras era respaldado por el oficialismo, el Frente Amplio interpuso una moción de censura que si bien no prosperó, fue el hecho que ensanchó la grieta política entre el gobierno y la oposición.
Días después de estos hechos los senadores frenteamplistas presentaron una denuncia penal por abuso de funciones, falsificación ideológica y otros delitos contra Heber y otros tres jerarcas del gobierno: el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola; el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo; y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.
En este estado de las cosas los diputados de la coalición de izquierdas también optaron por la judicialización de la política, pero esta vez interpusieron un recurso de revocación ante la Presidencia de la República por la existencia de “graves irregularidades administrativas en la firma del mismo contrato”.
Este trámite tiene por delante un proceso jurídico interno en el órgano “Presidencia de la República”, el que si resulta negativo determinará la intervención del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si esa vía también se agotara, podrá recurrirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es lo que anunció el Frente Amplio como modo operativo de politización casi eterna del tema.
Mientras el tiempo pasa y las instancias jurídicas se van agotando entre “bambalinas”, la investigación primaria de estos hechos que es la lleva adelante ante la Fiscalía Penal sobre presuntas irregularidades en el acuerdo con la empresa Katoen Natie. La semana pasada el Frente Amplio (FA) dio un nuevo paso para dejar sin efecto el acuerdo firmado en febrero entre el gobierno y la compañía Katoen Natie.
Recordemos: esa firma de origen belga, que es propietaria del 80 % de la empresa TCP, concesionaria de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, había anunciado en 2019 un litigio contra el Estado uruguayo por 1500 millones de dólares. Para poner fin a ese diferendo, el Poder Ejecutivo negoció con durante el año 2020 y terminó arribando a un convenio que, entre otras cosas, incluye la prolongación de la concesión, que debía vencer en 2030, por 50 años adicionales.
Primero el FA interpeló en el Senado a Luis Alberto Heber, quien fuera ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se acordó con Katoen Natie. Luego de que, al final del debate en la cámara alta, el ministro fuera respaldado con los votos del oficialismo, la coalición de izquierdas presentó una moción de censura, que tampoco prosperó.
Luego los senadores del FA iniciaron una denuncia penal por abuso de funciones, falsificación ideológica y otros delitos contra Heber y otros tres jerarcas del gobierno: el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola; el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo; y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.
Y ahora, el viernes, fue el turno de los diputados de la coalición de izquierdas, que interpusieron un recurso de revocación ante Presidencia de la República, por considerar que existen “graves irregularidades administrativas en la firma del mismo contrato”.
Si en Presidencia la respuesta es negativa, el escrito debe pasar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si esa vía también se agota la oposición piensa incluso en recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy En Perspectiva conversamos con el diputado Gustavo Olmos, integrante del sector Fuerza Renovadora (FA). Natie para extender la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, trascendió en las últimas horas que se archivaría por falta de pruebas.
Como se recordará la empresa belga había firmado un acuerdo con el gobierno para extender dicha concesión hasta 2081. En setiembre de 2021 el Frente Amplio presentó una denuncia contra cuatro jerarcas del gobierno actual, denunciando que el acuerdo es perjudicial para el Estado.
Todo este proceso de judialización de la política recayó sobre el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola y sobre el ministro que concretó el acuerdo, el de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.
Según se supo el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, ya culminó la investigación y dispondría su archivo por falta de pruebas. El informe final se presentará la semana próxima. Por este caso habían sido llamados a declarar los jerarcas mencionados.
El senador Charles Carrera, actualmente en la mira de la Justicia por una serie de presuntos excesos funcionales durante su gestión como Director General del ministerio del Interior, donde protagonizó una cuestionada negociación ante el hospital Policial para internar y tratar a un herido de bala grave, atentado desde una finca próxima a su casa en el departamento de Rocha, proveniente desde un inmueble próximo al lugar propiedad de un jerarca policial de la época. Contra toda lógica asistencial y a costa del Estado, Carrera dispuso que se le pagara el tratamiento y que se alojara en el hospital Policial. Audios de la época proporcionados por los damnificados revelaron su participación en los hechos desnudando una trama incalificable de excesos. Carrera, además, en su condición de abogado, fue el ideólogo de la acción judicial con Heber por el episodio “Katoen Natie”.
Fuente : opinar.uy
