Sergio Rodríguez, abogado, militante blanco wilsonista
La Ley de Urgente Consideración Nº 19.889, en sus artículos: 471, 472, 473, 474, 475 y 476, sometidos todos a referéndum, formula la implementación de lo que se denomina “portabilidad numérica”. Se declara por ley como derecho de las personas físicas y/o jurídicas usuarias de los servicios de telefonía móvil: el de poder conservar el número de línea a pesar de cambiar de prestador del servicio. Se insiste en el relato de que Uruguay es de los últimos países en latinoamericana en implementar la portabilidad numérica, como si existiera una obligación implícita. Por varias razones no puede trasladarse, tal si fuera una fotocopia, la experiencia de portabilidad numérica de otros países al nuestro, por la precisa razón de que no en todos se releva el mismo esquema de empresas publicas y/o privadas en el área de las telecomunicaciones. Si el plebiscito de 1992 hubiera tenido otro resultado y Antel hubiera sido privatizado en el gobierno de Lacalle Herrera, hoy podría hacerse otro análisis. Pero aquel intento privatizador perdió en las urnas por un porcentaje que alcanzo el 72% de los sufragios.
Otra vez un gobierno herrerista va por el mismo camino.
Antel continua siendo en el Uruguay una empresa pública, forma parte de la construcción histórica del país, forma parte de su riqueza económica. Encuentra identidad en el mapa genético del país, con un importante componente cultural que permea en valores arraigados en toda la sociedad uruguaya y que se traducen en expresiones de rebeldía que trascienden los ámbitos puramente sindicales o políticos ante cualquier intento de privatización. El gobierno no incluyó en el análisis de la formulación de la portabilidad esas variables. En consecuencia, el resultado del referéndum próximo corre serios riesgos de tener la misma suerte que el de 1992.
Antel 1992 es una empresa reconocida a nivel mundial, ha alcanzado a proveer al 85% de la población con acceso a fibra óptica. Este coloca a Antel en un lugar de privilegio a nivel mundial. En cuanto a la incorporación de tecnologías, Antel y Uruguay fueron terceros en el mundo en implementar la tecnología 5G. Hoy en día, todos estos aspectos centrales que hacen de Antel una empresa modelo en su segmento de negocios, todo lo que se encuentra en suspenso, a la espera de decisiones políticas relativas a la eventual implementación de la portabilidad. Antel tiene el 53 % de la clientela, mientras que Movistar concentra 27% y Claro 17%. En un escenario de portabilidad numérica el único que pierde es Antel.
La experiencia en el mundo de la portabilidad numérica demuestra que ha perjudicado a la empresa líder. Con los márgenes de mercado que tienen las empresas señaladas anteriormente, ¿qué sentido tiene que el propio Estado urguayo impulse una ley que va a perjudicar a su propia empresa, favoreciendo solamente a las empresas multinacionales?
Las autoridades de gobierno sostienen que Uruguay se encuentra rezagado en implementar la portabilidad, lo cual significa en cierto modo una ventaja, pues permite incorporar como elementos de estudio la experiencia en otros países. Basan su necesidad en lo que ellos entienden es “un derecho de la persona a conservar su número a pesar del cambio de prestador, y que forma parte de la identidad digital de la persona”.
Se señaló en el parlamento por parte de representantes de Sutel que la portabilidad numérica, si bien se ha aplicado en muchos países, hoy por hoy es una herramienta obsoleta, pues no ha sido útil para el fin supuestamente deseado, que es favorecer la accesibilidad a las comunicaciones. En Colombia, por ejemplo, ha sido necesario que el Estado interviniera a los efectos de decretar las telecomunicaciones servicio esencial para garantizar el acceso. Por ello, cuando se cuenta de otros países, hay que referenciar la información completa y no de manera sesgada y según la conveniencia.
Por ptro lado, también se han dado argumentos en contrario a la portabilidad en la sesión de la Comisión Especial del Senado para el estudio del proyecto de ley de urgente consideración llevada a cabo el 11 de mayo, con la presencia de una nutrida delegación de autoridades, entre las que se encontraba el Ministro de Industria. En su intervención, la senadora ingeniera Carolina Cosse sostuvo, refiriendo a la portabilidad numérica: “En particular es un tema obsoleto porque existe el WhatsApp y cada uno de nosotros es dueño de su identidad, independientemente del número que esté utilizando. De hecho, cuando uno cambia de teléfono, WhatsApp se asegura de reconfigurarse. Entonces, en el Uruguay nadie está pidiendo esta funcionalidad. Además, esta funcionalidad per se no desarrolla en ningún sentido el mercado de las telecomunicaciones, no lo hace crecer. Por otro lado, el criterio de poner una base de datos unificada, que es imprescindible para la portación del número, implica la introducción, a mi modo de ver velada, de un cuarto operador. Empieza a haber un operador más, que es el que maneja esa base de datos modificada que, como se acaba de decir, sería tercerizado. Entonces, la verdad es que no veo que haya necesidad de esto por obsolescencia”.
“Todo factor que promueva la competencia es bienvenido” dice un editorial de “Café y Negocios” publicado en El Observador el 22 de Agosto de 2020, pero con el detalle que detrás de esta lógica está el desmantelamiento de una empresa pública modelo en el mundo, que aporta por vía de sus ganancias a rentas generales que luego se vuelca en políticas públicas sociales, elementos estos que en otros países no existen. Notoriamente no será lo mismo Antel cuando por efecto de la portabilidad numérica pierda cientos de miles de clientes. Parece en este caso, una ley hecha a medida de intereses privados multinacionales: Claro y Movistar. Por todo lo expuesto postulamos la urgencia de votar Sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC.
Publicación original: 06/12/2021
fuente : 257.uy
