Hay presión de CA para que gobierno no haga acto de reconocimiento de Estado por autoría en crímenes de González, Muchachas de Abril y Tassino
“El acto público del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las ejecuciones” de las militantes Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes (MLN-T) “y en las desapariciones forzadas” de Luis Eduardo González (PCR) y Óscar Tassino (PCU) fue dictado como sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó el abogado de DDHH Jorge Pan, acompañado por el familiar Horacio Raggio, en INFO 24.
La sentencia de la Corte Interamericana establece que en dicho evento histórico debe participar la máxima autoridad del Estado, que en nuestro país es el presidente de la República, pero Luis Lacalle anunció que no va a concurrir y que en su lugar lo hará la vicepresidenta, Beatriz Argimón.
En razón de esto, los familiares de ´Las Muchachas de Abril´ resolvieron en conjunto solicitar que se suspenda la realización del acto público, como un mensaje que expresa su contrariedad al entender que es Lacalle quien debe asistir en calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, Pan subrayó que “ese acto público de reconocimiento” del Estado como autor de aquellos crímenes “tiene que ser en conjunto con los familiares”, y que esto implica “una alta significación porque es el reconocimiento que hace el Estado, la satisfacción a los familiares, a la sociedad en su conjunto, porque el derecho a la verdad es individual pero colectivo, la sociedad tiene que conocer, por eso es un acto público”.
“¿Quién es la más alta autoridad que representa al Estado uruguayo? Es el presidente de la República, y hay determinado protocolo que el presidente lo cumple y está en esos (otros) actos; entonces este acto es de la más alta significación, no solo para la Corte Interamericana, que dictó la sentencia, sino para la sociedad en su conjunto y para los familiares”, recalcó Pan.
La participación de “la más alta autoridad del gobierno uruguayo, que representa al Estado en estos momentos”, Lacalle, “tiene una significación y un simbolismo de que realmente el Estado uruguayo está reconociendo” la autoría de los crímenes, “sin desmerecer, como se ha dicho infinidad de veces, la investidura y la capacidad de la vicepresidenta de la República”.
En ese sentido, “la no participación del presidente de la República en este acto” resulta contradictoria cuando “vemos que es un presidente activo, que tiene una participación constante en determinadas actividades; esta es la actividad con la representación principal y significa una simbología, una empatía con los familiares y el cumplimiento de la Corte, porque el delegar significa que no se le da la trascendencia al acto que el acto en sí tiene”.
Raggio, por su parte, evaluó, “en mi modesto saber y entender”, que la negativa de Lacalle refleja “un intercambio de ´yo te doy y vos me das´” con Cabildo Abierto (CA), elemento que “se tuvo al margen un poco hasta último momento y ahora han conseguido marcar la cancha, y le están como exigiendo al gobierno que no se haga el acto, que no merece hacerse”.
“Yo pienso que sí, que hay una presión que le hacen al gobierno” desde “el partido CA” así como también por parte de “los demás diputados colorados que no hablaron en su momento en la Cámara; me da mucha vergüenza las barbaridades que se dijeron sin estar muy informados” de los hechos ocurridos la noche de 1974 en que el Ejército asesinó a las tres militantes.
“Influyen mucho y esa pequeña cantidad de votos la tienen y el gobierno la necesita para lo que sea, aunque sean mayoría ellos (los blancos) la tienen” los legisladores cabildantes y los colorados que compartan esa perspectiva.
“Querríamos ver que (el acto) fuera realmente lo que pide la Corte, que el gobierno está de acuerdo en escucharnos y no decirnos que sí y después no darnos ni bolilla, hacer lo que quieren; (…) el gobierno no nos ve o no nos quiere ver” mientras “se ha dicho barbaridades de las gurisas”, lamentó.
Causa Abierta