La sentencia está vinculada a multas impuestas por el gobierno departamental por no retirar cartelería política tras la campaña electoral de 2019.

Foto: Artigas Pessio / Intendencia de Montevideo

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó al Partido Nacional (PN) a pagar casi US$ 300.000 a la Intendencia de Montevideo (IM), a partir de multas generadas por la colocación de cartelería y propaganda en la vía pública de forma irregular en la campaña electoral de 2019.

Según informó El Observador, el PN había ganado el juicio en primera instancia, logrando evitar pagar 1.743 multas que le impuso el gobierno departamental por no recoger la cartería política de la vía pública. Las sanciones sumaban 7.051 Unidades Reajustables (UI) —$ 11.422.620 si se considera el valor de la UI en agosto que era de $ 1.620,91—.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por la IM, ganó en segunda instancia y el caso fue elevado por los representantes legales de los blancos a la SCJ a través de un recurso de casación.

El fallo, al que accedió Montevideo Portal, y que fue votado de forma unánime, señala: “Desestímase el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, manténgase firme la sentencia definitiva de segunda instancia, sin especial condenación en esta etapa”.

Aunque en el documento se plantea que “si bien podría discutirse si el beneficiario de la propaganda es el Partido Nacional o los candidatos aludidos en la cartelería en cuestión, lo cierto es que parece razonable considerar que el Partido Nacional es el beneficiario final de la propaganda”.

“La atribución de responsabilidad imputada por la Administración no se vislumbra como ilegal”, se añade, en el fallo, que mantiene firme “la providencia inicial de condena y embargo”.

El Partido Colorado también enfrenta un proceso judicial con la IM por la misma razón. En ese caso, según consigna El Observador, los colorados perdieron el juicio en primera instancia y fueron condenados a pagar 7.262 UI (también unos US$ 300.000). Tras el fallo adverso, el Partido Colorado acudió a un Tribunal de Apelaciones y también perdió en segunda instancia, por lo que finalmente elevó el caso a través de un recurso de casación a la SCJ, que aún no ha fallado. 

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