En la Resolución 1741/2022 del Tribunal de Cuentas, emitida en la sesión del 13 de julio de 2022, se destaca la observación crítica realizada sobre la reiteración del gasto emergente en la compra directa de un equipo encapsulador compactador ES 11/220 S.A. para la instalación de la «Planta de clasificación y encapsulado de residuos de la ciudad de Artigas». El Tribunal de Cuentas cuestiona la legalidad y transparencia de la contratación, debido a la falta de cumplimiento de requisitos presupuestarios y autorización adecuada.
En la Resolución 1741/2022 del Tribunal de Cuentas, se menciona que la empresa a la que se adjudicó el contrato es «SULREAM S.A.». Esta empresa fue seleccionada para llevar a cabo la compra directa del equipo encapsulador compactador ES 11/220 S.A. destinado a la instalación de la «Planta de clasificación y encapsulado de residuos de la ciudad de Artigas».
Un punto de interés es la relación con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM), que se comprometió a aportar U$S 300.000 según un convenio específico de cooperación. La resolución subraya la necesidad de estos fondos para completar el pago de U$S 750,000 por el equipo. Sin embargo, la observación plantea inquietudes sobre si esta promesa de financiamiento es suficiente para justificar el gasto millonario.
El Tribunal de Cuentas cuestiona la utilización del Artículo 33 Literal D) Numeral 3) del TOCAF como base legal para la compra, ya que este artículo permite adquisiciones directas en situaciones de emergencia. La pregunta clave es si la adquisición de la planta de residuos realmente se ajusta a esta categoría de emergencia, especialmente considerando que el gasto ya había sido observado previamente por el Tribunal.
A pesar de las señales de alerta y de que el Tribunal de Cuentas observó el gasto, la Intendencia de Artigas procedió a reiterar el gasto en una resolución posterior, argumentando que la Comisión Técnica de Salto Grande se comprometió a aportar U$S 300.000 para la compra.
Este escándalo financiero ha dejado a los ciudadanos de Artigas con muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué se persistió en un gasto millonario que ya había sido observado por el Tribunal de Cuentas? ¿Hubo algún tipo de presión política detrás de esta movida? ¿Se están tomando decisiones financieras responsables en beneficio de la ciudadanía, o estamos viendo una historia de corrupción en ciernes?
La Junta Departamental de Artigas ha sido notificada de este escándalo financiero y se espera que tome medidas para aclarar la situación. Mientras tanto, la ciudadanía se queda preguntándose si esta observación del Tribunal de Cuentas es solo la punta del iceberg de un problema mayor en la administración de recursos públicos.
Fuente : cronicasdeleste.com.uy