Era previsible el final de la comisión investigadora sobre la gestión del turismo –no de una administración, sino de al menos dos- porque ahora aclararse el panorama, se ensombreció dando paso a un intervalo mientras se dilucida este lío –y con el correr de los años- en los pasillos de las fiscalías y de los juzgados. La imagen que a la población le queda de esta querella mediática, es la de un ex ministro en solitario, y de unos denunciantes que lejos de cimentar sus dichos en verdades, sólo argumentaron una culpa compartida que jamás se afilió a un foribundo ataque amparados en la existencia de hechos de apariencia delictiva, como habría sido esperable.
Con este final tan confuso, todos los involucrados quedaron embretados y sus ex jerarcas de gobierno al filo de la incerteza jurídica: los de antes y los de ahora, parecen haber transitado por una discrecionalidad al menos dudosa. Como decía el ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, que fue quien juzgó a la Junta de Militares en Jefe a la salida de la dictadura, en estos casos hay que cuidar que no se pise el palito, porque la discrecionalidad como parte de la trama, sólo revela la existencia de una posible representación graficada en una ecuación (C=D+P-T), que da cuenta de que la corrupción es igual a discrecionalidad más poder menos transparencia.
Yendo a los hechos investigados puede decirse que la comisión investigadora asumió que Netcom, una de las empresas vinculadas a la investigación parlamentaria a su paso por el parlamento rechazó un pedido de los diputados del Frente Amplio para responder una serie de repreguntas sobre su vínculo con esa cartera, lo cual por su negativa pone un manto de dudas sobre la gestión del ex ministro Cardoso.
Y la duda del FA siempre fue el alcance de la propuesta que Netcom presentó al ministerio en octubre del año pasado por la que, a cambio de US$ 800 mil, planteaba una campaña publicitaria en vía pública. El FA pedía que se especifican puntos, períodos y dimensiones de los elementos incluidos en la propuesta.
El FA puso el foco también en otra oferta publicitaria efectuada por esa empresa el 9 de junio de este año. Las dudas giraban en torno a por qué se terminó facturando un servicio que, de acuerdo a lo que respondió la propia empresa, no había sido aceptado por el ministerio. Para el FA la ausencia de notas de crédito deja en evidencia que las facturas emitidas por Netcom, que suman más de $15 millones, abren un agujero negro. La empresa rechazó responder sobre por qué había emitido facturas sobre un servicio que, según dice, no se hizo. Para el FA (lo cual se sostiene en las argumentaciones del ex director de turismo cesado, Martín Pérez Banchero, hace referencia a un correo electrónico enviado el pasado 20 de agosto por la encargada del Departamento Administrativo de la firma, consultando por la «fecha de pago» de esas facturas.
La oferta de US$ 800 mil fue, en realidad, una de varias que esa gestión intentó aprobar y que fue rechazada por el entonces director Nacional de Turismo se inició con los reparos de una funcionaria técnica del ministerio que terminó archivada. Pero, meses después y obstante su contenido no resuelto, no frenó avanzar en otra compra de US$ 300 mil a Netcom, que volvió a ser cuestionada y también observada por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía y Finanzas.
La divergencia mayor en este conflicto había sido una propuesta de compra directa por excepción de espacios publicitarios en la vía pública por US$ 500 mil, incluida en un expediente iniciado el 2 de julio de este año.
En declaraciones efectuadas a fines de agosto a Búsqueda, Pérez Banchero había señalado que esa oferta había significado el punto final de su relación con Cardoso. Según su testimonio, el ministro le dijo que si no firmaba sería cesado. «Fue el expediente en el que el ministro me pide que lo firme o me echaba», explicó.
Con estas dudas que son las mismas del comienzo de esta causa, terminó la Comisión Investigadora su trabajo, dando paso lugar al debate en el plenario, donde el oficialismo y la oposición presentaron dos informes. Mientras la coalición de gobierno resolvió promover el envío a la Justicia de todas las actuaciones de la comisión, lo que implicará, en los hechos, pedir que se investigue todo lo que reviste “apariencia irregular» no sólo del tiempo de Germán Cardoso sino también sobre la gestión de Liliam Kechichian cuando fue ministra de Turismo por el FA.
Estos hechos tratados por el Parlamento con acusaciones cruzadas ya había generado una denuncia a Cardoso en la Fiscalía, la que ahora encontrará, paradójicamente, la oposición al planteo oficialista por parte del FA. Este argumento se enfrenta al hecho de que el ex ministro nunca presentó una denuncia concreta sobre su antecesora.
Si algo revela este caso es la necesidad imperiosa de que la Coalición Republicana encuentre un canal de diálogo entre sus gestores, porque de no prosperar, se abrirán otras heridas similares –fundadas más en criterios disímiles que en ilegalidades- que volverán a tener por protagonistas estos mismos factores la discrecionalidad, el poder y la falta de transparencia, todo lo que conjugado puede resultar un terreno fértil para los desbordes en una gestión.
Por eso lo del principio: todo terminó como empezó, con desacreditaciones cruzadas donde el beneficio de la duda dio para defenderse con las debilidades de los otros. Todo esto no es más que la judialización de la política, y sus resultados son siempre imprevisibles.
fuente : opinar.uy