En esta entrevista, conversamos con Bettiana Díaz, Diputada del Frente Amplio por Montevideo, quien ha estado realizando críticas importantes sobre el gobierno actual a nivel nacional, particularmente en relación a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).
“ESTOS CARGOS NO SON DE PERFIL TÉCNICO SON DE PERFIL MILITANTES”
Últimamente has salido con temas muy críticos a lo que es el gobierno actual a nivel nacional y tocaste un tema que está de moda. Nosotros venimos hace bastante tiempo denunciándolo, que pasa en la CTM, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y dijiste que había un cierto clientelismo político por parte de Carlos Albisu, su Presidente y de otros dirigentes de la coalición de gobierno.
Nosotros en realidad venimos siguiendo el tema como Frente Amplio en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, puntualmente este tema vuelve a surgir cuando nosotros le preguntamos al equipo económico en la comparecencia en Diputados en rendición de cuentas, cuáles fueron los refuerzos a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Ahí se nos contesta que hubo este una partida de 200 millones que paga UTE por Comisión de Administración y además, un refuerzo presupuestal que le da el Gobierno central de 200 millones en el año 2022. Después esta discusión se adelanta porque el Ejecutivo, vuelve a aprobar una partida de 200 millines y en realidad se vuelve a poner el tema en la agenda a la luz de lo que ha venido sucediendo, particularmente desde el año pasado hasta ahora.
Si bien lo que nosotros vemos que hay desde 2020 cambios que se implementan en el funcionamiento de CTM Salto Grande, lo que nos llama la atención este refuerzo presupuestal, si bien está previsto, si bien está dentro de la normativa: ¿Cuál es la utilización de los refuerzos presupuestales? Y ahí nos damos con una situación que estamos denunciando como clientelismo político.
Cuando inicia este gobierno, la delegación uruguaya se compone únicamente del oficialismo, es decir, no integran oposición, como sí había sido la lógica de los gobiernos frenteamplistas y por tanto, no hay una forma para la oposición de poder hacer contralor, más allá del contralor que estamos tratando de hacer a nivel parlamentario. Acá el Poder Ejecutivo, en todas las respuestas siempre se lava las manos y dice, bueno, nosotros hacemos la partida, le transferimos los dineros a Salto Grande y Salto Grande administra. Ahora, hay decisiones políticas ahí, porque claramente estas denuncias llegan a partir de situaciones de clientelismo político, que tienen que ver con el ingreso de funcionarios y los mecanismos de ingreso, las modificaciones estatutarias que terminan brindando y siendo de alguna forma una “espalda” para esos funcionarios que ingresan con el oficialismo, porque de los cargos vacantes que habían CTM al año 2020, que se había reducido la plantilla laboral durante las administraciones frenteamplistas, estos cargos se llenan con militantes básicamente de la lista 404, que es de Albisu, el presidente este CTM Salto Grande de la delegación uruguaya que es de la lista 404, es la lista del Presidente de la República y también con dirigentes locales salteños del Partido Colorado.
Esto es fácilmente demostrable porque estas personas no entran por ningún mecanismo de llamado abierto o de concurso, oposición y méritos, sino que además están claramente identificadas estas personas con las listas partidarias, no son dirigentes locales, son ediles, son ediles suplentes, hay diputados suplentes. Hay digamos obviamente todo un aparato que nosotros cuestionamos como parte del clientelismo, porque además son cargos que los niveles salariales que tienen son muy altos y hay una situación particular, que es en la que queda uno de los cargos de designación directa, que es el de Nicolás Albertoni, que hoy está cumpliendo funciones en la Vicecancillería. Una vez se va Ache ingresa Albertoni, que estaba como Secretario de la Comisión y que en definitiva, evidencian cómo de alguna forma, las modificaciones estatutarias terminan de blindar a los cargos políticos, que es esta situación donde a la hora de querer volver a la función una vez de haber migrado al Poder Ejecutivo a desarrollar tareas en la Cancillería, podría estar acogiéndose a un retiro que estamos hablando, que son 6 años del sueldo, que estamos hablando, de que son más de 600 mil dólares.
Toda esta situación también lo que evidencia es que en Salto Grande, a contrapelo de lo que ha pasado en toda la administración, que hay criterio restrictivo en términos de gasto y en particular el salario, porque el salario real ha caído en la administración pública también, en Salto Grande no solo aumenta la plantilla funcional, sino que además aumentan los gastos en salarios y esto también está tensionado justamente por todas estas designaciones que tienen sueldos de entre 88.000 pesos hasta 400.000 pesos.
Es decir, obviamente que acá hay una decisión política atrás y que no es una decisión técnica. Estos cargos no son de perfil técnico, son de perfil militantes y por tanto lo que vemos, es la utilización de una estructura que tiene en coordinación y financiamiento del Estado, para el ingreso de cargos políticos.
Eso es lo que estamos denunciando. Por tanto, dentro de lo que son los refuerzos, que es cierto, antes se daban, lo que está teniendo mayor peso dentro de la utilización de estos recursos públicos, que pone Uruguay para la delegación uruguaya en Salto Grande, es el aumento de salarios, que también se explica básicamente con el ingreso de estos más de 35 cargos.
Con respecto a ese tema, que es bastante importante, porque se trata como tú bien dices de dineros públicos, ¿el Frente Amplio se plantea en caso de ser gobierno a partir de las elecciones que vienen, tratar de implementar algunos otros mecanismos de control a estas comisiones que tienen un régimen especial y ni siquiera un Diputado le puede pedir informes porque están regidas por el derecho internacional?
Bueno, ahí hay una situación, en la que está no solo CTM, sino otras comisiones administradoras también que hacen justamente no le respondan directamente al Parlamento, pero sí obviamente acá de lo que estamos hablando es de la gestión de fondos públicos y la gestión de fondos públicos debería estar justificada en la planificación. Salto Grande, además genera muchos recursos para Uruguay y para Argentina. Nosotros hacemos una compra muy grande ahí de lo que es energía hidráulica y nos parece que habría que reforzar los mecanismos de control, ¿cómo se había hecho anteriormente? Teniendo contralor de la oposición, por ejemplo. Es decir, el sistema político de alguna forma estaba todo representado y esa costumbre se rompe a partir del año 2020, cuando se designa únicamente al oficialismo, por tanto vuelvo a decir, quienes no integramos el gobierno no tenemos formas de controlar, sino a través de quienes se vinculan desde el Poder Ejecutivo con Salto Grande. Esto obviamente que debería llamarnos a reforzar los mecanismos de transparencia, porque los ingresos a esta función, digamos, terminan siendo un reparto de privilegios. Y esto es algo que no es que siempre sucedió; es decir, hay ingresos de funcionarios en determinadas condiciones, ahora lo que viene sucediendo desde el año 2020 hasta ahora, es que hay un ingreso de dirigentes locales que no solo lo denuncia el Frente Amplio, sino que hay que hacer una recorrida de prensa: lo denuncian también el Partido Nacional, está denunciando Cabildo Abierto, incluso dirigentes salteños de Cabildo Abierto diciendo: “Nosotros no podemos convalidar que esto siga sucediendo”. Y obviamente que esto llama a la defensa de las instituciones democráticas y al control del uso de los recursos públicos.
Así que en realidad es parte de lo que tenemos que discutir, así como también las formas de tributación, que no se aporta y que además, por ser un organismo binacional, queda por fuera de lo que es la jurisdicción de la justicia uruguaya, como otras organizaciones que se encuentran en territorio nacional, pero que de alguna forma, como se asiste con fondos públicos, deberían tener un sistema de rendición de cuentas que permita la transparencia y el control. Hoy no está garantizado ese control.
“LA TRANSFERENCIA QUE HACE EL GOBIERNO CENTRAL, TERMINA SIENDO PARA BANCAR CLIENTELISMO”
Claro, pero cuando se habla de integrar por parte de la oposición Salto Grande, siempre vamos a una solución política, o sea el Gobierno de turno, si quiere le da participación a la oposición y si no quiere, no, ¿pero no hay mecanismos formales hoy o mañana para tratar de cambiar?
Los mecanismos formales que tenemos son los que estamos trabajando de cara a la búsqueda de respuestas, que son los llamados para el Parlamento a las autoridades del Poder Ejecutivo, porque vuelvo a decir, la solución es política porque el problema es político. Si yo lo que estoy haciendo es generando condiciones de ingreso y de retiro en privilegio para gente asociada a los partidos del oficialismo, ahí lo que estoy tomando son decisiones de gestión que son políticas, no son decisiones técnicas ni administrativas, porque se discuten en otros ámbitos y espacios, por ejemplo, Salto Grande tiene que hacer una serie de obras de actualización que se discute, por ejemplo, en el marco de lo que es el directorio de UTE, requiere dinero en inversiones, eso es parte de una política de Estado. Ahora de lo que estamos hablando aquí es de cómo la transferencia que hace el Gobierno Central, termina siendo para bancar clientelismo y en este sentido, los mecanismos formales que tenemos son el acceso a la información pública y además también el pedido de respuestas a aquellos organismos que de alguna forma se vinculan con CTM, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, porque esto es parte de la política energética de Uruguay y además, también el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser un organismo binacional.
Fuente : cronicasdeleste.com.uy