Un acomodo incalificable que tuvo el visto bueno del presidente Luis Lacalle Pou: Albisu renunció y dejó a Burutarán, su socio, en el cargo.
15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – 07:55
Albisu renunció pero dejó a su socio.
Foto Vicente Massarino / FocoUy.
Por Carlos Peláez
Carlos Albisu y Martín Burutarán son integrantes de la lista 404 del Partido Nacional. Uno tiene extensa trayectoria como líder del sector, el otro era edil hasta hace poco tiempo. Ambos son socios comerciales en la empresa Vesta Asociados. Albisu era presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Burutarán fue uno de los 30 que ingresó sin concurso al organismo bilateral. Albisu renunció y Burutarán lo sucedió. Un acomodo incalificable que contó con el visto bueno del presidente Luis Lacalle Pou.
El clientelismo es una forma de corrupción normalizada en el interior. Ha sido, también, una de las formas para ganar elecciones.
En lugares donde la Intendencia es casi la única fuente laboral, es casi lógico que los ciudadanos busquen un lugar seguro donde trabajar.
Los dirigentes políticos lo saben, muchos desde hace décadas, y por eso abusan también del nepotismo. Entonces familiares y amigos terminan ocupando lugares de privilegio.
Artigas, Rivera, Colonia, Maldonado y Tacuarembó son ejemplos más que notorios.
Los hay quienes también hacen negocios para sí y para sus amigos.
En el interior uruguayo no existe aquello de “los más capaces para los cargos”. O, en todo caso, no está precisado “capaces”, ¿de qué?
Basta estar lo más cerca que se pueda del candidato que saldrá electo y tal vez hasta puedan “manotear” algo.
Ya no sólo un cargo, sino también una carga de balasto, unas chapas, unos bloques, una beca y algunos, los más cercanos, algún negocio. Maldonado es un departamento emblemático, pero seguramente en todos ocurre algo parecido.
Es una afrenta a la democracia cometida, sobre todo, por aquellos que viven gritando “dignidad arriba, regocijo abajo”.
Algo olía feo en Salto Grande
Hace no más de 15 días estalló un escándalo en el Parlamento, cuando se supo que la parte uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande le había solicitado a la Cancillería un refuerzo presupuestario de 200 millones de pesos.
En principio no era extraño, porque tal partida había sido otorgada otros años. Sin embargo, ahora el asunto era el ingreso “a dedo” de 30 personas, entre los que hay varios ediles blancos y algunos dirigentes colorados.
Los sueldos son muy importantes, ya que se trata de un organismo bilateral que administran en forma conjunta Argentina y Uruguay.
Hasta el 2020 los ingresos se hacían por concurso, salvo algún caso muy menor por confianza política.
El primer indicio de que algo estaba mal apareció en julio pasado cuando se supo que Albisu prejubiló con 56 años de edad al jefe de seguridad, Carlos Gelpi, tras elevar su escalafón al rango de asesor y, gracias a ello, este funcionario cobrará unos 700.000 dólares, con todos los ajustes correspondientes, en los siguientes 7 años.
Pero no lo prejubilan como jefe de seguridad de Salto Grande, sino que “la actual administración le creó un cargo como asesor, subiendo en el escalafón con un salario que anda entre 450.000 y 485.000 pesos”, según informó M24.
En razón de dicho acuerdo, el Estado “asume la responsabilidad de pagarle durante 6 años, primero el 85 % de su salario, después el 80 y después el 70 y algo por ciento (…) todo esto sin estar trabajando” (por la prejubilación).
Además, cuando se terminen estos 6 años pagando esos montos -unos 5 millones y medio de pesos por año, unos 100.000 dólares, o sea que serían unos 600.000 dólares-, se le va a otorgar como premio otros 10 sueldos más, o sea 100.000 dólares, cuando cumpla los 62”, añadió la mencionada emisora.
Carlos Gelpi es un conocido empresario de la comunicación salteña.
No sería nada extraño que de esta forma, y con dineros públicos, se paguen campañas electorales.
Albisu renunció pero dejó a su socio
Carlos Albisu, 49 años, es médico otorrinolaringólogo de profesión. Fue dirigente gremial en la Federación Médica del Interior. Luego fue elegido edil y, entre el 2010 y el 2015, durante la administración del colorado Germán Coutinho, director de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto. Del 2015 al 2020 fue nombrado delegado uruguayo en Salto Grande en representación partidaria y desde el 2020 hasta el 8 de setiembre pasado cuando, en medio de severas críticas de propios y ajenos, debió renunciar al cargo.
Lo hizo después de mantener una reunión con el presidente Lacalle Pou, quien luego afirmó “no puedo separar a Carlos Albisu de la gestión, que es una persona de confianza que ha trabajado muy fuertemente por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal”.
Lo sucedió en el cargo Martín Burutarán, hasta entonces edil de la 404 en el Departamento.
Pero además de la política, hay otro tema que une al presidente saliente con el entrante.
Albisu y Burutarán son socios, con una tercera persona que no es funcionario público, en la empresa Vesta Asociados, cuyas actividades principales son inmobiliaria, agencia de seguros y estudio jurídico contable.
La empresa fue creada en el año 2014, pero la primera publicación de la SRL en el Diario Oficial es de agosto del 2019. Precisamente la inmobiliaria Vesta anuncia en su web los 9 años de vida.
De acuerdo a documentos obtenidos por Caras y Caretas, al 8 de setiembre pasado la empresa mantiene deudas con la DGI y el BPS, ya que no les fue otorgado el certificado de Libre de Deuda, indispensable para facturarle al Estado.
O sea, Albisu se fue, pero dejó a su socio y con el beneplácito de Lacalle Pou, quien no podía, ni debía, ignorar la relación comercial que los une.
Desde hace mucho tiempo Albisu había manifestado su aspiración a ser intendente salteño.
El tiempo dirá si, después de los actos de corrupción que cometió, le alcanza con la bendición presidencial, si Lacalle Pou estará dispuesto a reiterarla y si los ciudadanos de Salto olvidan este asunto.
Fuente : carasycaretas.com.uy