La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) elaboró un informe referido a la situación de 11 menores mujeres que residen en el hogar de INAU en Rivera en el que estuvo la adolescente de 16 años que falleció luego de complicaciones en un embarazado que era producto del abuso y explotación sexual del que se supo públicamente en julio de este año.
Este caso hizo que la senadora Silvia Nane convocara a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del INAU a una interpelación que finalmente tuvo lugar en el Parlamento a mediados de agosto de este año.
En lo que refiere a la investigación realizada por la Inddhh, el primer factor común que se identifica es que, antes de ingresar en modalidad de amparo, el total de las niñas y adolescentes analizadas (11), habían atravesado situaciones de violencia intrafamiliar, con denuncias y medidas cautelares impuestas a sus referentes familiares, mayoritariamente progenitoras y progenitores.
También detalla que siete de las 11 chicas “también presentaban indicadores de explotación sexual comercial, en su mayoría indicadores de sospecha”.
Y luego habla de que esta situación empeoró una vez que ingresaron al hogar del INAU. “A partir del ingreso bajo amparo de INAU, específicamente en el Centro Adolescente Femenino de Rivera, la cantidad de niñas y adolescentes en las que se detectaron situaciones de explotación sexual aumentó a 10 de los casos analizados”, detalla.
“Es decir que no solo no fue posible su protección y restitución de derechos, sino que aumentó la cantidad de niñas y adolescentes que padecieron nuevos tipos de vulneraciones de sus derechos”, completa la Inddhh.
Entonces, habla de que tres de las adolescentes vivieron situaciones de explotación sexual luego de la institucionalización en INAU, y apunta a que las adolescentes “que presentaban indicadores de explotación sexual previo al ingreso continuaron presentándolos”.
Más adelante el informe señala otro dato referido a las “experiencias tempranas y prolongadas de abuso sexual infantil”. “Se pudo constatar que 10 de 11 adolescentes que formaron parte de esta investigación, vivieron antes de su ingreso al centro situaciones de abuso sexual. En seis de esos casos, el abuso se dio en el marco de situaciones de explotación sexual. En dos de ellos las situaciones fueron detectadas por los equipos del Programa Escuelas Disfrutables de ANEP”, puntualiza el informe.
Las 11 menores sufrieron violencia intrafamiliar en sus hogares de origen. Este es un “indicador de riesgo ante posibles situaciones de explotación sexual”.
En cuanto a las denuncias presentadas en la Policía, estas también aumentaron en los 11 casos una vez que ingresaron al centro. En este punto el instituto ejemplifica con un caso en que una chica tenía 18 novedades policiales vinculadas con su nombre antes de su ingreso al Centro Adolescente Femenino de Rivera, la primera a los dos años.
“Una vez ingresada [la joven al centro de Rivera], se constataron en un plazo de 15 meses 51 novedades policiales”, indica la Inddhh. La mayoría (26) fueron por “fuga”, dos por “persona ausente”, una por “suicidio”, dos como “víctima de lesiones personales”, una como “víctima de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces” y una por “abuso sexual”.
“Situaciones similares se pueden constatar en el resto de los casos analizados”, agrega el informe.
De los informes de INAU tampoco “surgen mecanismos para el seguimiento de las denuncias de salidas no acordadas, ni comunicaciones a sede fiscal. Asimismo, tampoco surgen comunicaciones o protocolos de articulación con su homólogo de Brasil”.
Por otra parte, la institución de derechos humanos resalta algunos pasajes de fichas de supervisión elaboradas por el personal del centro de INAU que hablan explícitamente de una “posible situación de explotación sexual” en varias adolescentes que cruzaban la frontera con Santana do Livramento. En una de ellas, por ejemplo, habla de que se “registran nociones como ‘noviecito’ que podrían indicar otro tipo de vínculo”. Y tras esto detalla que “no se especifica si se trata de una persona menor de edad igual que la adolescente y tampoco surge que se realicen acciones específicas y coordinadas para esclarecer el vínculo o la veracidad de este”.
“La ausencia de una respuesta integral se evidencia también en la respuesta de otras instituciones”, dice la publicación y apunta al Poder Judicial.
En otro momento se narra una audiencia en la Justicia para solicitar el traslado de una adolescente de 17 años de Rivera a “un centro de Montevideo”. “De la sola lectura del acta de la audiencia se puede apreciar sin hesitaciones que la adolescente no tuvo una defensa adecuada, viendo vulnerado su derecho de acceso a la Justicia. Expresiones tales como ‘la menor’, ‘ejercer la prostitución’ e ‘interrogatorio’, revelan que no solo no se la trató como sujeto de derecho, sino que tampoco se la trató como una víctima en un proceso de restitución de derechos, existiendo un claro caso de violencia institucional”.
La Inddhh también recabó informes presentados ante la sede judicial y el Departamento de Trata y Tráfico del Ministerio del Interior en los que “se pone en conocimiento que técnicos de INAU cuentan con fotografías de las redes sociales”, en los que las adolescentes “aparecen acompañadas por hombres mayores de edad”. En ese mismo informe se narra que la noche anterior esas adolescentes “se encontraron con cinco hombres, aparentemente mayores de edad, con los cuales habrían consumido diversas sustancias psicoactivas como cocaína, marihuana, éxtasis y alcohol”. Además, se relata que “ocurrieron situaciones de abuso sexual y violación” y que “todos son traficantes de drogas”.
Sin embargo, “de las entrevistas realizadas” por la Inddhh al Departamento de Trata y Tráfico del Ministerio del Interior de Rivera y de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía surge que en los últimos dos años no existe ninguna importación ni condena por delitos vinculados con la “explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.
De esta manera, el Consejo Directivo de la institución expresa que “se encuentra plenamente acreditada la existencia de acciones, omisiones y obstáculos que configuran situaciones de violencia institucional y que constituyen una grave vulneración del deber de debida diligencia reforzada y del deber de protección de las 11 adolescentes consideradas en este caso”.
También, dice la Inddhh, se constataron “patrones estructurales de vulneración de derechos por parte del Estado”.
De aquí en adelante
La institución realiza una serie de recomendaciones al INAU, ANEP, ASSE, Mides, Poder Judicial y Fiscalía General de la Nación, que incluyen implementar medidas de reparación efectivas para las adolescentes afectadas y realizar investigaciones administrativas y judiciales para identificar y sancionar a los responsables. Además de mejorar los procesos de prevención, detección, protección y reparación de situaciones de explotación sexual infantil; fortalecer los recursos y la capacitación del personal involucrado en la atención y protección de las adolescentes; aumentar la capacidad investigativa de la Fiscalía y mejorar la articulación con INAU y otras instituciones; y reforzar la atención a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, especialmente mejorar la respuesta ante embarazos forzados.
Puntualmente la Inddhh sugiere “realizar, en el plazo de un mes, un plan integral para y con cada una de las niñas y adolescentes”. A su vez, detalla que el plan debe “garantizar” el “derecho a un proyecto de vida digna”.
Todo esto “a los efectos de generar medidas de reparación efectiva para las adolescentes identificadas” en la investigación.
Asimismo, se plantea que “dada la existencia de violencia institucional”, corresponde “recomendar la intervención del Centro de Adolescentes Femenino de Rivera, a través de un equipo especializado”. “La misma deberá ser comprensiva, centrada en las personas y orientada a transformar tanto las actitudes y comportamientos del equipo, como las políticas internas del centro, para asegurar un entorno libre de violencia”, amplía.
