“Un salto innovador” se llama el documento que presentó antes de las elecciones nacionales el economista Bruno Gilli, trabajo que busca crear una “institucionalidad empoderada” de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) “al máximo nivel político” para “potenciar” el tema desde las “altas esferas” –desde la misma Presidencia de la República– y transversalizar los “esfuerzos aislados” de las instituciones existentes.
Según informó diario El Observador, el proyecto es parte de la agenda del equipo de Oddone para el Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que dirigirá Rodrigo Arim, y también lo siguen de cerca las autoridades entrantes del Ministerio de Educación y Cultura. Fuentes del gobierno entrante al tanto de esta apuesta indicaron que falta definir cuál será el modelo de «gobernanza» adoptado, como ser una secretaría en la Torre Ejecutiva u otra forma de institucionalidad.
Compromiso de campaña
Entre las 48 «prioridades» de gobierno que lanzó en campaña, Orsi había anunciado la decisión de «establecer una secretaría con jerarquía política en Presidencia para coordinar la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación».
El segundo gobierno de Tabaré Vázquez ya había creado una repartición de ese tipo en 2015, pero la administración de Luis Lacalle Pou la suprimió en su Ley de Presupuesto para trasladarla al MEC como la nueva Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. El actual ministro Pablo Da Silveira cuestionó meses atrás en entrevista con Voces el anuncio de Orsi, bajo la premisa de que la secretaría no cumplía su cometido de estar en contacto con todos los ministros y que estaba fuera del control parlamentario.
El jerarca del Partido Nacional promovía allí seguir fortaleciendo esa dirección del MEC para que se terminara convirtiendo en «el embrión de un futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación». El gobierno de Orsi tiene otra concepción y de hecho las futuras autoridades del MEC siguen de cerca el proceso mientras definen la conducción de la Dicyt, a sabiendas de que puede haber cambios en el mediano plazo.
En el gobierno electo defienden que el mundo ha cambiado y que a partir de este proyecto deben fortalecer la «capacidad de incidencia» de esta agenda en la asignación de recursos y elaboración de políticas públicas. El programa del Frente Amplio establece además a texto expreso el compromiso de llegar a destinar el 1% del PBI para innovación y desarrollo (I+D) al final del período, aparte del 6% para educación, promesa incumplida del último gobierno de Vázquez que propició varias críticas a Danilo Astori como ministro de Economía.
«Mayor jerarquización»
El documento de Ágora presentado el pasado 11 de noviembre a partir de tres intercambios con más de 60 especialistas en el sistema -desde referentes de la academia hasta empresarios del sector y miembros del gobierno- proclama que «el futuro gobierno debe dar una mayor jerarquización a las políticas de desarrollo de la CTI dentro de las políticas públicas», con «una institucionalidad bien definida» capaz de dirigir y articular a los distintos actores.
El trabajo coordinado por Santiago Acerenza, Carlos Batthyány, Emilio Deagosto, María Inés Fariello, Miguel Sierra, Pilar Moreno y Gonzalo Tancredi como socios de Ágora concluía la necesidad de contar «con respaldo al más alto nivel político» y enumeraba una serie de medidas concretas.
Por ejemplo, sugería «revisar y reducir los impuestos para la importación de equipos y materiales de investigación», «establecer desgravaciones impositivas para empresas que inviertan en I+D», «dar prioridad a empresas nacionales en procesos de contratación, compras públicas tecnológicas y acceso a recursos» y generar acciones para «retener talento» en Uruguay.
Hablaba también de crear un Sistema Nacional de Alta Dedicación a la Investigación con complementos salariales para investigadores financiado con fondos públicos y «facilitar las puertas giratorias entre el sistema académico y el sector productivo».
De acuerdo al informe de Ágora, el sistema uruguayo tiene «problemas de crecimiento», en un país que «no ha alcanzado niveles críticos de desarrollo» y «articulación» en la materia, fenómeno abonado por «una población y economía reducidas», la relativa lejanía de los centros de producción de conocimiento y la falta de masa crítica de empresas que movilicen un sistema de innovación en un ciclo virtuoso».
El documento cita la «existencia de superposiciones, indefinición y ambigüedad acerca de los límites de las funciones y cometidos atribuidos a diversos órganos» de la materia, además de la «indefinición de roles o límites entre el Poder Ejecutivo y agencias de promoción como la ANII y ANDE». Según los datos del 2024, Uruguay invierte a nivel público el 0,33% del PBI -con la Universidad de la República, Ceibal, el INIA y la ANII como algunos de los inversores más fuertes- y un valor menor a nivel privado, lo que deja al país «lejos de la inversión de los países desarrollados y de las metas planteadas por el sistema político» hace una década.
Desde Ágora también defendieron la generación de una «cultura de la medición» para evaluar los resultados de las inversiones en esta agenda, «como elemento indispensable para justificar su racionalidad».
