Algunos admiten que hay designaciones por pedidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
La estructura de asesores de los 31 ediles de Montevideo qued\u00f3 bajo la lupa: cada representante puede contar con hasta cinco secretarios pagos mediante una partida mensual de unos $262.000 y agregar hasta cuatro funcionarios p\u00fablicos mediante pases en comisi\u00f3n. El resultado es que un edil puede llegar a disponer de nueve colaboradores, pese a que el cargo de edil es honorario, seg\u00fan informe de diario El Observador y recoge UyPress.<\/p>\n\n\n\n
Un relevamiento del medio citado entre diez ediles de todos los partidos encontr\u00f3 estructuras que van desde cuatro hasta nueve asesores. Dos de los consultados tienen ocho colaboradores y uno llega al m\u00e1ximo de nueve. Despu\u00e9s de descuentos impositivos, la partida para secretar\u00eda ronda los $190.000 mensuales. El dinero debe destinarse a remunerar a los contratados y los ediles deben presentar los correspondientes recibos.<\/p>\n\n\n\n
Pero el punto m\u00e1s controvertido aparece en c\u00f3mo se eligen los colaboradores y qu\u00e9 tareas realizan. La mitad de los ediles consultados reconoci\u00f3 que sus sectores pol\u00edticos les sugirieron o directamente les impusieron al menos alg\u00fan nombre. Algunos afirmaron haber seleccionado personalmente s\u00f3lo a uno o dos integrantes de sus equipos mientras el resto fue definido por su agrupaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n hay asesores que, aun figurando como colaboradores de un edil, desarrollan actividades para el sector pol\u00edtico. Uno de los entrevistados reconoci\u00f3 precisamente esa situaci\u00f3n. El edil de la Coalici\u00f3n Republicana, Guillermo Kruse, fue todav\u00eda m\u00e1s expl\u00edcito: sostuvo que hay asesores que \u00abno hacen nada\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que acept\u00f3 dos pases en comisi\u00f3n por pedidos pol\u00edticos, uno proveniente del Partido Nacional y otro del Partido Colorado. Seg\u00fan explic\u00f3, pr\u00e1cticamente no tendr\u00eda tareas para asignarles.<\/p>\n\n\n\n
Los equipos no son homog\u00e9neos. Entre los diez casos relevados aparecen secretarios personales, abogados, contadores, responsables de comunicaci\u00f3n, asesores territoriales, arquitectos y especialistas en otras \u00e1reas. Ocho ediles cuentan con abogado y otros ocho con contador. Los defensores del sistema argumentan que la Junta analiza un presupuesto departamental de alrededor de US$1.000 millones anuales, adem\u00e1s de pr\u00e9stamos, exoneraciones, multas, cambios de categor\u00eda del suelo y expedientes que pueden alcanzar centenares de p\u00e1ginas.<\/p>\n\n\n\n
La pol\u00e9mica adquiri\u00f3 mayor dimensi\u00f3n tras conocerse que Pablo Leiva, condenado por delitos vinculados al narcotr\u00e1fico, cobraba $52.000 nominales como asesor del edil nacionalista Gonzalo G\u00f3mez. Ese caso dispar\u00f3 preguntas sobre los criterios utilizados para seleccionar personal y los controles existentes sobre las contrataciones.<\/p>\n\n\n\n
A la discusi\u00f3n se suma otra particularidad: aunque constitucionalmente los ediles no cobran salario, m\u00e1s de una decena recibe remuneraciones de los sectores pol\u00edticos a los que pertenece. Adem\u00e1s, cuentan con beneficios vinculados al ejercicio del cargo, entre ellos combustible y boletos de transporte.<\/p>\n\n\n\n
El debate, por tanto, excede la cantidad de asesores: alcanza al uso de recursos p\u00fablicos, la influencia de los partidos en las designaciones y los mecanismos existentes para verificar qu\u00e9 trabajo realiza efectivamente cada contratado.<\/p>\n\n\n\n
Foto: Javier Calvelo \/ adhocFOTOS<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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