La crisis de la USAID, agencia estadounidense señalada históricamente como brazo financiero de injerencia en América Latina, ha desatado un movimiento tectónico en el entramado de las ONG venezolanas que, por dos décadas, moldearon la opinión pública contra el Estado.
Desde 2001, la USAID y la National Endowment for Democracy (NED) invirtieron más de 700 millones de dólares en organizaciones no gubernamentales venezolanas, según datos públicos del presupuesto estadounidense.
Estas ONG, presentadas superficialmente como representantes de la «sociedad civil», fungieron como correas de transmisión de una agenda política destinada a desestabilizar al Gobierno bolivariano, sostiene en entrevista con Sputnik Carolina Escarrá, politóloga y experta en diplomacia estratégica, para quien el verdadero objetivo de la Casa Blanca era «forzar un cambio de régimen» en la nación sudamericana.
«El impacto del cierre de la USAID es importantísimo porque ha sido el principal financiador de las ONG que se presentaban como la sociedad civil. Esto viene desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. La USAID y la NED crearon una oficina para la transición en Venezuela, que distribuía fondos a organizaciones específicas», denuncia la analista.
La experta detalla que, tras el fracaso del golpe, el financiamiento se canalizó directamente a organizaciones como Súmate, dirigida por María Corina Machado y vinculada a intentos de crear un “Consejo Nacional Electoral (CNE) paralelo” en 2004.
«Era una operación de inteligencia, pues fondos del Congreso de EEUU se traducían en entrenamiento, logística y campañas mediáticas para fabricar una crisis de gobernabilidad», explica.
Escarrá subraya que, desde 2012, la USAID impulsó la formación de jóvenes en tácticas de Gene Sharp —ideólogo de los golpes suaves— a través de ONG como Otpor (Serbia). “El objetivo era crear un malestar social que justificara una intervención internacional. Querían una guerra civil, que los venezolanos nos matáramos entre nosotros”, afirma.
Este esquema incluía campañas para saturar medios con narrativas de “crisis humanitaria”, a pesar de que organismos como la FAO reconocieron avances venezolanos en seguridad alimentaria. “La OEA intentó 19 veces declarar una emergencia en Venezuela y fracasó. La mentira era insostenible”, recalca.
«Dinero sin rendición de cuentas»
Entre 2017 y 2022, EEUU asignó 656 millones de dólares para Venezuela: 467 millones para migrantes en la región y 189 millones supuestamente destinados a salud, educación y alimentación dentro del país. Sin embargo, Escarrá revela un dato crucial: solo el 2% de esos recursos se ejecutó en sus fines declarados.
«En 2019, la USAID firmó un convenio con el autoproclamado ‘gobierno interino’ de Guaidó. De los 189 millones para ayuda interna, gran parte terminó en proyectos fantasmas. Por ejemplo, Guaidó prometió 300 dólares a médicos durante la pandemia, pero ese dinero nunca llegó”, señala la analista.
El modus operandi incluía transferencias en efectivo, tarjetas prepago y fondos a organizaciones como Cáritas, Foro Penal y la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, muchas vinculadas a redes internacionales como Open Society de George Soros.
“No había auditorías. Era dinero sin rendición de cuentas para comprar lealtades y financiar operaciones de presión”, agrega.
Escarrá considera que con el declive de la USAID en Venezuela no solo expone el colapso de un modelo de injerencia, sino que, abre un camino hacia la redefinición de las ONG en el país.
La Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales, recientemente aprobada en el país, se suma a este espíritu para generar mayor transparencia. Escarrá concluye que “el cierre técnico” de decenas de ONG —dependientes de fondos estadounidenses— no perjudicará a la sociedad.
“Al contrario, fortalecerá a las organizaciones verdaderamente comprometidas con el país. Ahora deberán demostrar en qué gastan cada dólar, sin esconderse tras el cuento de la persecución política”.
